“La manifestación, escrito o reclamo que pudiera haberse hecho no puede recriminarse penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de los derechos de expresión, reunión y petición a las autoridades, garantizados por la Constitución Nacional; aunque tomen la forma de protesta pública”. Con este argumento, el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de la polémica denuncia penal que realizó el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Mario Sanjuan, en contra de ambientalistas que reclamaron por la demora en la resolución de una causa contra Julián Rooney, quien se desempeñaba como directivo de Minera Alumbrera al iniciarse la investigación judicial.
Antes de conocer el pedido de archivo por parte de Ferrer, Sanjuan recibió en su despacho a primerafuente y ratificó su denuncia penal. “Esa manifestación fue un apriete. No me pueden exigir como juez tal o cual decisión respecto a Rooney ni de nadie”, dijo molesto por la protesta pública.
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