sábado, noviembre 07, 2009

Trabajadores de la salud Tucuman

Agresion a delegado del Subte.

Mapuches amenazados en Rio Negro.

Advertencia del INADI contra el discurso represivo hacia los pueblos indígenas
Como en épocas de la campaña genocida del general Roca, estancieros y empresarios rionegrinos acusan a los mapuches por los reclamos y ocupación de tierras. En sus ataques a los derechos de los pueblos originarios, con apoyo de medios periodísticos como Clarín y La Nación, se acusó a organizaciones mapuches con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) e incluso la ETA de España.

Ante ello, Julio Accavallo, delegado Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), señaló que “como plantea el Ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, se debe entender que el Estado argentino cometió un genocidio con los pueblos originarios y por lo tanto es necesaria una reparación para las comunidades que hoy están sufriendo las consecuencias de ese intento de exterminio”. “Es peligroso el discurso que se pretende instalar respecto a que los mapuches son chilenos y que mataron a los tehuelches que eran argentinos y por lo tanto no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. No se pueden atribuir nacionalidades a pueblos preexistentes a la formación del estado argentino y chileno, por lo tanto se intenta utilizar la discusión histórica como mecanismo de negación de los derechos indígenas”, sostuvo Accavallo. También destacó el reconocimiento que realizó el Estado a nivel constitucional sobre su carácter pluriétnico y multicultural y reconoce que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas y apropiación de sus tierras, territorios y recursos. Además, resaltó cuatro derechos fundamentales: el derecho territorial preexistente; el derecho al reconocimiento de su personería jurídica como pueblos; el derecho a la biodiversidad biológica y el derecho a la interculturalidad (que incluye el respeto a su identidad en la educación, el idioma y el sistema económico y social, entre otros). Estancieros, firmas mineras, petroleras, forestales e inversores turísticos, apuestan y subsidian la falsificación de la historia y el encubrimiento mediático para justificar el criminalizar y reprimir a las demandas surgidas en el marco de los derechos constitucionales.
Fuente: www.primerafuente.com.ar