Recientemente tomaron carácter público para millones de personas las condiciones infrahumanas en las que trabajaban peones rurales en Buenos Aires, La rioja y Corrientes.
La contracara de esas a veces lejanas imágenes, es la cercanía escalofriante que tenemos con el fruto de la esclavitud: Yerba mate, aceitunas, aceite, ropa, entre otras cosas producidas por los esclavos contemporáneos y cada día los argentinos compramos esos productos tan necesarios en brillantes empaques. Pero la injusticia y la explotación de su origen no son necesarias.
Según la OIT, expertos estimaban que en todo el mundo había 17 millones de esclavos. Dicho sistema de explotación se sostiene por un conjunto de factores, que van desde reducir costos mediante el subempleo y la amenaza de despido, hasta complicidades de los organismos fiscales de control. Pero más que nada gracias a la impunidad de las empresas para desarrollar estas prácticas.
La injusticia en la producción motivó la creación de un movimiento de intercambios llamado Comercio Justo, que propone relaciones justas entre productores y consumidores. Minimizando la presencia de intermediarios y acaparadores, que especulan y distorsionan los precios en perjuicio de productores y consumidores.
La crisis argentina de 2001, a pesar del caos social, miedo y desempleo, alumbró un nuevo panorama laboral. La extensa red cooperativa se ensanchó gracias a la política del Ministerio de Desarrollo social, que favorece programas de microcréditos para emprendedores buscando fortalecer a sectores vulnerables mediante el desarrollo de la economía social, aquel que se basa en cooperativas, mutuales y emprendimientos familiares, para producir bienes y brindar servicios. Según datos del Ministerio de desarrollo social, en Argentina existen a la fecha más de 18000 cooperativas que emplean a 600.000 personas.
Como contrapartida, los consumidores en Capital Federal, Córdoba y Mendoza, entre otras ciudades, organizaron redes autónomas de Consumo Responsable, que se encargan, independientemente del estado, de mantener y difundir las ofertas de cooperativas y mutuales.
El consumo responsable implica un decisión política, cambiar los hábitos de consumo y de vida. Elegir ver las relaciones sociales detrás de los productos que hay en la góndola del supermercado y no solamente el precio, lo que sin duda es una dificultad a vencer.
Un consumidor responsable que se aboca al comercio justo, tiene la opción de conocer donde se procesa lo que consume, quien lo hace y bajo que condiciones laborales. Otra ventaja del Consumo responsable es poder elegir productos frescos y locales, para reducir las distancias de transporte de mercaderías, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y la emisión de dióxido de carbono asociada. Por si fuera poco esta práctica conlleva a una mejora económica en la región del comprador, ya que elegir producción local estimula la reinversión y creación de empleos.
En conclusión elegir Comercio Justo y Consumo responsable beneficia a consumidor y productor, pues permite potenciar la economía social, dignificando la vida de los trabajadores alejando el terror de la explotación laboral y disminuyendo los precios al reducir los intermediarios.
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