Matan a gente sin techo en Buenos Aires.

El Parque Indoamericano seguirá ocupado por 1500 familias. En solidaridad se movilizaron organizaciones sociales y políticas. Esta tarde representantes de los ocupantes del predio mantuvieron una reunión con funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad, agua, comida, carpas y baños químicos para los ocupantes del predio. Por Agencia Walsh y ANRed, integrantes de la RNMA

Cerca de los terrenos tomados existe un emprendimiento de las cooperativas de vivienda de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Sergio Schoklender, representante de dichas cooperativas fue el que se encargó en estos días de desestimar el pedido de los ocupantes del Parque Indoamericano y pidió en el día anterior a la represión la presencia de la Policía Metropolitana en la zona donde, según él, “se encuentran los narcotraficantes”. Casualmente patoteros de este emprendimiento de Madres de Plaza de Mayo y de la misma Villa 20, mandados por Marcelo Chancalay (ex boxeador e histórico presidente de la Villa) atacaron a los tiros a ocupantes del predio e hirieron a una militante de la Corriente Clasista y Combativa.

El Parque Indoamericano del barrio de Villa Lugano seguirá esta noche ocupado por 1500 familias que exigen vivienda al gobierno de la Ciudad y al Gobierno Nacional. En solidaridad se movilizaron esta tarde organizaciones sociales y políticas que acompañan y, entre todos, están aseguran agua y comida para todos los compañeros. Desde hace seis días vecinos de Villa Lugano están ocupando las tierras, sobre la Avenida Escalada. La policía federal y la policía Metropolitana reprimieron ayer a los ocupantes y militantes de organizaciones sociales y asesinaron a Bernardo Salgueiro y Rosmarie Puña. Hoy la gente del barrio comentó que una pequeña de 3 años de edad también ha perdido la vida a causa de la represión. Desde hace años los vecinos de los diferentes asentamientos de Villa Lugano, Villa Soldati y otros barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires piden insistentemente una solución habitacional. “Las familias que se encuentran en el lugar no son narcotraficantes ni estaban armados. Son vecinos de la zona que hace años reclaman por el grave problema habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires” explica en un comunicado el Frente Popular Darío Santillán. Además, los precios de los alquileres en las villas y los inquilinatos subieron brutalmente. Punteros políticos macristas en relación con el ex menemista Ramón Puerta y diferentes punteros del justicialismo tienen intereses particulares en los barrios de la zona a través de la Corporación Buenos Aires Sur.

Esta tarde representantes de los ocupantes del predio mantuvieron una reunión con Darío Santilli y un legislador de la comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Allí los representantes exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad, agua, comida, carpas y baños químicos para los ocupantes del predio. Los funcionarios se vieron obligados, por una orden judicial de no innovar del juez Gallardo, a retirar la Policía Metropolitana del predio. “La decisión de la asamblea es no moverse porque son tierras ociosas” declaró Valentín Herrera, presidente de la Cooperativa de Cartoneros Reciclando Sueños, uno de los grupos que esta ocupando el predio. Además, los funcionarios se comprometieron de palabra a acercar comida, agua y baños químicos para todos los ocupantes. Ante esta promesa ocupantes y organizaciones sociales están procurando obtener su propia comida y agua.

Tomado de ANRED http://www.anred.org/article.php3?id_article=3855

Asesinatos: Otra avanzada sobre los territorios

Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.

El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.

El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.

El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.

Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.

En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.

Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.

“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.

El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.

Tomado de http://darioaranda.wordpress.com/2010/12/06/otra-avanzada-sobre-los-territorios/